ATAQUE A LA EMBAJADA ESPAÑOLA EN KABUL POR LOS TALIBANES: EL ABANDONO DE LOS SERVIDORES DEL ESTADO
1.- RESUMEN DE LOS HECHOS
Por estas fechas, se cumplen seis años del asesinato en Kabul de nuestros héroes: Jorge García Tudela e Isidro Gabino Sanmartín Hernández; el empleado local de mantenimiento Amín, otro empleado local, y cuatro policías agfanos. Sirva este recordatorio de homenaje a los que dieron su vida por España “la muerte no es el final”.
Entre el 11 y 12 de diciembre de 2015, en el barrio Sherpur de Kabul, en un país en guerra contra una coalición internacional (de la que formaba parte España), liderada por los Estados Unidos, al menos cinco insurgentes del Emirato Islámico de Afganistán “EIA” (los Talibanes), atacan nuestra Embajada mediante coche-bomba, conducido por un individuo suicida que lo detona sobre una de las tres puertas de acceso. Acto seguido y por la brecha abierta por la explosión, en un ataque coordinado, minucioso y “calculado”, los atacantes entran al asalto preparado con información obtenida “personalmente o desde dentro”, y hacen fuego desde la azotea con ametralladoras y granadas propulsadas.
El perímetro consular fue acordonado por la Policía, por las Fuerzas Especiales del Ejército, y la Unidad de Crisis y Respuesta Rápida de la Policía afgana; y transcurridas casi doce horas de la entrada al asalto de los Talibanes, por un equipo de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos apoyados por francotiradores noruegos al mando de un coronel, ponen fin al ataque; cuyo resultado fue de ocho muertos, así como diez heridos; y de la insurgencia, cuatro muertos.
Ante el desconocimiento del personal del “plan de emergencia”, fueron evacuados con arreglo al criterio del coronel americano que dirigía el grupo militar de rescate, siendo trasladados a la base militar Kaia North, gestionada por la OTAN sita en el norte de la capital afgana.
El asalto fue reivindicado por uno de los “portavoces oficiales” del EIA, Zabihullah Mujahid (alias Yousef Ahmadi; y Haji Ismail). No obstante, para el periodista paquistaní Ahmed Rashid, especialista en el conflicto afgano, le ofrece “pocas dudas” que el asalto fuera “obra de la Red Haqqani”.
2.- ANTECEDENTES
En los quince años precedentes, las representaciones diplomáticas españolas se han visto involucradas en once ataques, entre los que destacan, el asesinato (2003) en Bagdad (Iraq) del vice agregado de información mediante un disparo en la nuca.
Afganistán que es un país que nunca fue colonizado. En 2001, una coalición internacional de la OTAN liderada por Estados Unidos invadió el país tras el 11-S, derroca el régimen talibán, coloca un gobierno pro occidental, y proclama la República Islámica; y en 2021, tras la salida de la coalición internacional, los Talibanes toman de nuevo el poder e instauran el Emirato Islámico.
El movimiento insurgente Talibán (los estudiantes de teología islámica), surge a partir de 1978, tras la invasión afgana del ejército de la Unión Soviética, cuando los principales líderes pastunes afganos se instalaron en Peshawar (Paquistán), y en las madrasas (escuelas coránicas) de Quetta y Peshawar, y entre los muyahidines y jóvenes afganos refugiados nacería el movimiento. Entre 1996 y 2001, los Talibanes proclamaron el “Emirato Islámico de Afganistán”, el cual obtuvo el reconocimiento diplomático de Paquistán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.
La Red Haqqani fue fundada por el padre del actual líder desde 2011, Sirajudin Haqqani, Ministro del Interior del Emirato desde 07/09/2021, y en busca y captura por EE.UU por terrorismo. La Red ha dado respaldo a los grupos extremistas más determinantes asentados en Afganistán y Paquistán, haciendo de multiplicador del movimiento internacional islamista radical; y se le conoce que ha actuado como emisario entre Al Qaeda y los Talibanes.
3.- EL ABANDONO DE LA ADMINISTRACIÓN
La ubicación de la Embajada
La Embajada española estaba enclavada una de las zonas más transitadas de Kabul y no ofrecía las medidas de seguridad que los demás países occidentales consideraban básicas para sus funcionarios. La legación formaba parte de un grupo de edificios altamente vulnerables por las graves carencias de seguridad, y sus instalaciones fueron denunciadas en múltiples ocasiones por los cauces reglamentarios. Por otra parte, señala la denuncia ante la Audiencia Nacional, que “el domicilio del embajador sí se encontraba entre el perímetro de seguridad (zona verde), al negarse a vivir en la embajada por el peligro que suponía”.
Los informes de CNP (2008 y siguientes) recomendaba el traslado de la Embajada a una zona más amplia y con perímetro de seguridad”; y en caso contrario se deberían incrementar las medidas de protección “encaminadas a disminuir los riesgos”.
El contratista de las instalaciones y de la seguridad
Gul Haider, propietario de los edificios arrendados y contratista de los muyahidines que controlaban la seguridad del perímetro de la Cancillería, fue un líder muyahidín que participó en la derrota de los Talibanes, de los que una vez arrasado Kabul se reconvierte en político a la sombra de la ayuda internacional, y luego como negocio, se apodera de amplias zonas devastadas de la capital. Haider como propietario de los tres edificios de la Embajada, la oficina de la agregaduría militar española, y la lujosa residencia del embajador, era un símbolo de la corrupción, y del acaparamiento del poder y el dinero, por parte de una de las facciones en conflicto.
En agosto del 2005 cuando se instaló la legación, el Gobierno socialista, siendo ministro (2004-2010) Miguel Ángel Moratinos, comenzó pagando por los servicios inmobiliarios cerca de 46.000 euros al mes, y los pagos continuaron pagándose con regularidad con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Los Gobiernos de Rodríguez Zapatero y Rajoy pagaron millones de euros, a pesar de conocer que este complejo presentaba problemas muy graves de seguridad. A partir de 2009, se produjo una importante caída de los precios, y en noviembre del 2011, el periódico británico The Times, publicó un reportaje sobre la crisis inmobiliaria en el barrio de Sherpur, asegurando que los precios eran muy inferiores a los que pagaba el Gobierno español, pero aún así no se cambió la ubicación de la embajada.
El Equipo de personal del CNP, y los sistemas físicos de seguridad
La querella ante la Audiencia Nacional, revela que “se trataba de instalaciones deficientes”, con "garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de madera"; las ventanas carecían de la instalación de cristales de vidrio laminado con nivel de blindaje “anti fragmentos”.
Con ocasión del ataque Talibán, el Equipo Especial de Seguridad del CNP de la Embajada fue relevado por diecisiete agentes, que supone un incremento de siete efectivos, como señal que el servicio estaba cubierto precariamente; y en el auto del archivo de la querella por “homicidio imprudente” contra el embajador y su segundo, el magistrado Pedraz reconoce, que “el Estado español debió mucho antes adecuar las correspondientes medidas de seguridad”.
El silencio administrativo y la actuación judicial
De la inseguridad de la Embajada, eran conocedores las distintas autoridades del Estado: los ministerios de Interior y Exteriores, la Dirección General de la Policía, y en su momento la Audiencia Nacional y la Fiscalía del Estado, de los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Así, en 2008, la seguridad fue evaluada por funcionarios expertos del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), en cuyo informe se alertaba de los riesgos y la amenaza, las deficiencias y las recomendaciones para subsanarlas.
Para mayor abundamiento, el Departamento de Seguridad de Embajadas del CNP, realizaba inspecciones cuatrimestrales; y sucesivamente por los informes del Director de Seguridad y de los distintos Jefes de Equipo del personal de Seguridad del CNP conforme se iban incorporando a la sede diplomática; y como queda constancia en la querella ante la Audiencia Nacional, “a pesar de las recomendaciones y peticiones de dotar de mayor seguridad a la sede diplomática”, Pérez de Ágreda “nunca las atendió”, y mostraba a su vez “un mutismo absoluto” por parte del embajador ante el ministerio.
Sobre la difusión de información por el Gobierno, en los momentos cuando corría peligro la vida de los funcionarios públicos enviados a un país en guerra por decisión gubernamental, el Presidente Mariano Rajoy, intento ocultar la verdad y la gravedad de los hechos, y en su ansia de acaparar la atención informativa en plena campaña electoral, señalaba el periodista Íñigo Sáenz de Ugarte (La Razón), que su actuación fue como poco vergonzosa. A su vez, el entonces Ministro de Exteriores (2011-2016), José Manuel García-Margallo, aseguraba que “desde hacía mucho tiempo, las sedes diplomáticas en España tienen todas las medidas de seguridad, habiéndose tomado todas las que había que tomar”. Por entonces, Ignacio Cosidó, era el director de la Policía, y Jorge Fernández, ministro del Interior.
El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1, abrió una causa para investigar los ataques a la embajada, que cerró, de la que extrajo otra para analizar la actuación de la embajada por las “carencias en materia de seguridad”. El juez Pedraz consideró que los hechos tenían “una primera apariencia de infracción penal”; y la Fiscal Dolores Delgado, señalaba con precisión los cuatro informes (entre 2014 y 2015) dirigidos a los responsables diplomáticos, en que el responsable de la seguridad de la embajada denunciaba la debilidad de la seguridad de las instalaciones diplomáticas, y reclamaba reformas “mínimas para garantizar unas ciertas condiciones de seguridad”.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, abre una investigación a los dos diplomáticos a raíz de la querella de los familiares de las víctimas, por un presunto “delito de homicidio imprudente”, otros “siete en grado de tentativa”; y a su vez los querellantes solicitaron que se declarase a los ministerios de Interior y Exteriores como responsables civiles subsidiarios, por imprudencia por la supuesta falta de seguridad en la embajada.
Transcurridos seis años, las familias de nuestros héroes se resignan a visitar a sus seres más queridos en campo santo, y mientras tanto, no se conocen medidas coercitivas sobre los no actuaron con diligencia debida sobre las condiciones de trabajo de los servidores de España.
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Un resumen muy interesante
Si, el silencio administrativo o «callada por respuesta» es una práctica demasiado frecuente en nuestras administraciones públicas. Me sorprende por otro lado que la Audiencia Nacional, no sé haya pronunciado en seis años.
Muy bueno Juan Antonio , muy bien explicado y documentado
Como fue la reacción de los policías españoles durante el ataque
Qué efectivos había de servicio en la embajada de policías afganos y policía Nacional