La noticia de la muerte del primer presidente elegido democráticamente, Béji Caïd Essebsi, el pasado 25 de julio conllevó la necesidad de convocar unas elecciones anticipadas en un plazo inferior a los tres meses, de acuerdo con el ordenamiento constitucional tunecino. El resultado cumplió los pronósticos en cuanto a que iba a ser impredecible. La campaña electoral quedó marcada por la aparición de una figura de corte populista que está haciendo campaña desde la prisión de Monarguia, donde se halla en prisión preventiva desde el pasado 23 de agosto por los cargos de evasión de impuestos y lavado de dinero.
A pesar de que uno de los principales rasgos de la política tunecina viene dado por un fuerte parlamentarismo, las elecciones presidenciales del día 15 de septiembre no carecían de importancia. Durante la transición el país ha estado presidido por el líder de la Asamblea de Representantes del Pueblo, Mohamed Ennaceur quien, al igual que fallecido presidente Essebsi, era miembro del partido de centro izquierda Nidaa Tounes, que se podría traducir como “el llamado por Túnez” o “la convocatoria de Túnez”. El partido se fundó en 2012 por Essebsi, y era la consecuencia de las primaveras árabes del ciclo 2010-2012. El partido incluía grupos ideológicos de la socialdemocracia, el socioliberalismo, el secularismo y el burguibismo (que se consideran herederos del primer presidente de la República Tunecina, Habib Burguiba entre 1957 y 1987).
La tendencia en Túnez en estas elecciones presidenciales está marcada por la incapacidad de un candidato para alcanzar la mayoría absoluta en una sola elección. Esta situación viene dada por una fuerte fragmentación política, ya puesta de manifiesto en las elecciones presidenciales de 2014, donde una gran oferta electoral acabó por fragmentar la política nacional. Para competir en estas elecciones en primera vuelta se llegaron a presentar 97 candidaturas, de las que se acabaron aprobando 26, siendo rechazadas el resto por el órgano independiente de control electoral por falta de patrocinio y garantías financieras.
Las elecciones presidenciales de 2019 se diferencian de las de 2014 fundamentalmente en que la división política se ha pronunciado, ya que los anteriores comicios venían marcados por la ausencia de ciertos actores estructuradores o catalizadores de la vida política y social de Túnez. Esta vez se presentaba el partido islamista, también llamado “demócrata musulmán” Ennahdha, y lo hacía por primera vez en su historia con Abdelfattah Mourou como candidato a presidente. Ennahdha partía con la idea de consolidar los resultados de las elecciones municipales del 6 de mayo de 2018, donde la formación se impuso con el 28.64% de los votos sobre Nidaa Tounes, que obtuvo el 22.17%.
La aparición de estas facciones políticas en lucha conoció la entrada en escena de un perfil de corte populista representado por Nabil Karoui, que encabezaba las encuestas antes del 15 de septiembre, con grandes resultados potenciales dentro de las poblaciones marginales del país. Karoui provocó una línea de competencia por un electorado que Ennahdha creía tener controlado. Un factor determinante del ascenso de Nabil Karoui viene dado por el control financiero y mediático que ejerce sobre una parte significativa del espectro social de Túnez. Karoui es dueño del grupo publicitario Karoui & Karoui, que es hegemónico en el mundo audiovisual tunecino a través del control de uno de los canales de televisión más relevantes en el país; Nessma TV.
Su detención el 23 de agosto con la acusación de evadir impuestos y lavar dinero negro, reforzó su perfil antisistema ante algunos de los votantes tunecinos, pero también logró despertar ciertas dudas con respecto a su integridad moral en otra parte del electorado. Todo apuntaba a que serían necesarias las dos vueltas que establece el sistema constitucional tunecino, ya que se intuía que ningún candidato lograría la mayoría absoluta requerida en una primera vuelta para ser proclamado presidente del país.
Los resultados del 15 de septiembre pusieron dos nombres nuevos que evidencian el hartazgo de un pueblo con sus políticos. Kaïes Said, jurista ultraconservador y docente de Derecho Constitucional, se impuso con el 18.8% de los sufragios. La otra plaza quedó para Nabil Karoui, que acusó su situación en prisión preventiva dejándole en segunda posición con el 15.7% de los votos. Abdelfattah Mourou, del partido islámico Ennahdha, quedó tercero con el 12.9% de los sufragio; se quedó fuera de la competición que se ha de dilucidar en una segunda vuelta el próximo 3 de noviembre.
La campaña de Kaïes Said ha sido construida como independiente y con medios muy limitados. Ha sido el único de todos los candidatos que se ha expresado en árabe literario en sus intervenciones habituales, dotando al candidato de un perfil intelectual (en Túnez se puede escuchar árabe tunecino en la mayoría de la costa, mientras que hacia el interior y en la proximidad con Libia se oye la variante libia o bien, más lejos de la costa y siempre hacia el interior, la variante argelina). Kaïes Said ha centrado su campaña en la denuncia sistemática de la corrupción, con propuestas para combatirla. Otro punto fuerte de su programa ha sido la denuncia de incumplimiento de las leyes constitucionales por parte de ejecutivo, conectando así con los jóvenes del país. El 20 de septiembre de 2019 el partido islamista Ennahdha anunció el apoyo de la candidatura de Kaïes Said para ocupar la presidencia de Túnez. Said defiende la descentralización del Estado que favorezca una mayor democracia local para revertir el centralismo del Estado. En cuanto a la pena de muerte se ha manifestado a favor de su aplicación, además de oponerse a la despenalización de la homosexualidad y a detener la reforma de la igualdad de género. Adicionalmente, propuso un mandato de carácter revocable para los funcionarios electos locales y la posibilidad de ejecutar una revisión del poder legislativo del país.
UNA RADIOGRAFÍA DEL PAÍS
Por otro lado, también este año los tunecinos serán llamados para renovar la Asamblea de Representantes del Pueblo, elecciones en las que se extenderá la misma sombra que en las elecciones presidenciales. Será un debate más centrado en las personas que en las ideas, aunque habrá que seguir de cerca la campaña de Said. Si conecta con Ennahdha hasta el punto de establecerse una alianza entre ambos podría hacer girar el tono y el tipo de los debates. De no lograrse, la brecha cada vez más pronunciada entre el Túnez costero y el del interior no tiene visos de cerrarse, ni siquiera de tratarse con seriedad. Al final, el proceso democratizador no ha conseguido una nueva propuesta económica real y sólida que cambie las expectativas del país. Un ejemplo de ello vendría dado por el aumento de salidas clandestinas con rumbo hacia Europa, que no han hecho más que aumentar, alcanzando a colectivos más acomodados como informa el secretario general del Colegio Nacional de Médicos, que informó de que un 45% de los nuevos colegiados en 2017 abandonaron el país.
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En este contexto la agitación social también presenta cierta tendencia a aumentar de las 5.000 movilizaciones de 2015 a las más de 11.000 en 2017. ¿Cómo ha tratado Túnez de mantener a raya la expansión de un rigorismo musulmán con un fuerte discurso social y de crítica del poder? Mediante grandes contrataciones. Un dato interesante para dar una idea de las esperanzas de apuntalar en el poder al partido Nidaa Tounes vendría del hecho de que, entre 2011 y 2017 el número de funcionarios aumentó en casi 200.000, elevando la masa salarial del 10.8% hasta el 15% del PIB[1].
Este gasto ha ahogado la capacidad de inversión productiva del Estado y ha llevado a una crisis de las finanzas públicas. El Estado tiene la necesidad de multiplicar los préstamos, mientras que la deuda pública aumentaba de los 13.500 millones de euros de 2010 a los 24.000 millones de euros de 2018. El Estado necesita alrededor del 20% de su presupuesto al pago de acreedores. Más aún, la inflación, el desempleo, el descenso de la reserva de divisas, y la necesidad de recurrir a préstamos del Fondo Monetario Internacional (que ha obligado al Banco Central de Túnez a dar prioridad al control de la inflación en lugar de apoyar el desarrollo económico), han conducido a la devaluación del dinar. Esta situación está potenciando la inflación y debilitando el poder adquisitivo. El escenario previsto para acabar 2019 y para el 2020 en adelante puede venir marcado por una desaceleración económica, con austeridad en el presupuesto público, aumento de precios, subida de impuestos, y restricciones en la inversión y el consumo.
Este panorama podría mandar al traste con los pasos dados en Túnez respecto de la llamada Revolución industrial 4.0 en aspectos como la robótica y, en definitiva, la digitalización de los procesos productivos. De hecho, el número de centros tecnológicos en el continente africano ha aumentado en los últimos dos años un 40%, y Túnez cuenta con 17 de dichos centros, aunque está lejos de Egipto (34) o Marruecos (25). La Asamblea Nacional aprobó la llamada “Start-up Act” para favorecer la multiplicación de dichas iniciativas empresariales. Pero la realidad cada vez más evidente es que, dejando a un lado los nombres en inglés para leyes tecnológicas, sin el apoyo estatal y sin políticas públicas bien dirigidas no se pueden lograr resultados. La Asociación de Ingenieros Tunecinos muestra que los ingenieros diplomados del país están saliendo hacia Francia, Alemania, Suiza y Canadá, a pesar de existir unos 13.000 puestos de trabajo en el sector tecnológico tunecino que quedan sin cubrir por los bajos salarios. Es el mismo dinamismo que Europa vivió respecto a Estados Unidos unas décadas antes, con la generación de un capital humano que ha sido explotado fuera del lugar donde se ha formado. Los ganadores fueron los gigantes, entonces estadounidenses, en el sector tecnológico, y se perdieron en Europa la oportunidad de construir una “soberanía” tecnología capaz y eficiente.
Por otro lado, leyes de carácter progresista y secular emprendidas por el partido del gobierno, Nidaa Tounes, han acabado en fracaso. El año pasado Túnez puso en marcha un proyecto de ley sobre igualdad de género en materia de herencia que debía apuntalar el Código del Estatuto Personal. Este código es un conjunto de leyes que promovieron la igualdad de género en tiempos del presidente Burguiba, al permitir un acceso en mejores condiciones al divorcio a las mujeres, y establecer la prohibición del matrimonio forzado y la poligamia, haciendo de las tunecinas las mujeres del mundo árabe con un estatuto más avanzado. Aunque el código dejaba sin resolver la cuestión de la herencia, muy influida aún por la ley coránica, que establece que una mujer debe heredar la mitad de la parte de un hombre aunque tengan el mismo grado de parentesco[2]. El recientemente fallecido presidente Essebsi quiso cerrar el camino iniciado por Burguiba décadas atrás, declinando entrar en la despenalización de la homosexualidad, para centrarse en un proyecto de ley sobre la igualdad entre géneros respecto a la herencia[3]. Pero los parlamentarios han preferido ganar tiempo al comprobar las reticencias de una parte de la sociedad hacia el redactado de ese texto legal y ante los desafíos en materia social, económica y política que se avecinan.
[1] Según Mahmoud Ben Romdhane, La Démocratie en quête d’État, Sud Éditions, Túnez, 2018.
[2] Sura 4 (“Las Mujeres”), versículo 11, donde reza literalmente: “Dios os manda acerca de vuestros hijos: dejad al varón una parte igual a la de dos hembras”
[3] Kmar Bendana, “La liberté, malgré tout…”, en “Le défi tunisien”, Manière de voir, n° 160, París, agosto-septiembre de 2018.
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